La Gerencia Municipal de Urbanismo procedió la semana pasada ha demoler lo que quedaba de una casa de madera levantada por sus propietarios en un suelo no urbanizable de especial protección e inundable en Santa Águeda, Campanillas.
La ejecución responde a los varios requerimientos realizados por un juzgado malagueño, que ya sentenció en 2008 la irregularidad de la actuación y la obligación de derribar la construcción.
La propietaria, Elvira, alega que si en esos 10 años no se marchó fue porque «no podía irme a la calle con dos niños y una deuda». Con la sentencia firme de 2008, el propietario fue condenado a seis meses de cárcel, que no tuvo que cumplir, y al pago de una multa superior a los 6.000 euros, ya resuelta, asegura. A esto hay que sumar otros 30.000 euros en multas coercitivas y el coste de la demolición, que puede ascender a más de 20.000 euros.
En última instancia, se ha resuelto ahora materialización del ultimátum dado por la Gerencia de Urbanismo a los propietarios el pasado jueves a través de una notificación entregada por la Policía Local en la que anunciaba el derribo. Durante el pasado fin de semana, cuenta la propietaria, trabajaron en el desmontaje de la vivienda, en la que la familia ha vivido 13 años y ha invertido una cuantía próxima a los 100.000 euros.
En la actualidad su marido está en paro y el único salario que entra en su casa es el suyo. Desde hace algo más de un año viven en un piso social facilitado por el propio Ayuntamiento. La principal preocupación de la propietaria recae en qué pasará cuando este arrendamiento finalice, en un año y medio, «y ya no se acuerden de mí». «Compré el terreno en 2004 y me denunciaron en 2005. Mi casa estaba rodeada por más de 40 viviendas que siguen en pie. Nos han arruinado la vida».
