Por vez primera, la opción de retirar la concesión al adjudicatario de la piscina municipal de Campanillas se plantea en la Casona del Parque. El concejal de Deportes, Damián Caneda, informó ayer a este periódico de que ha solicitado a los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo un informe para detallar la capacidad del equipo de gobierno del PP de actuar en este sentido. «Si lo ocurrido ahora es causa suficiente se la retiramos», dijo de manera contundente el edil del PP.
El paso dado por Caneda contrasta con la aparente pasividad mostrada en años anteriores por los responsables de Urbanismo, organismo responsable de la adjudicación de la citada concesión. Al menos en lo que respecta a rescatar este servicio de manos privadas después de que desde 2004 se tuviese conocimiento de que el promotor había impulsado y ejecutado sin licencia para ello varias edificaciones en las instalaciones. A ello se sumó la colocación de una cubierta, en 2006, que ahora se admite desde el Ayuntamiento carecía de los permisos necesarios.
Una instalación de cubrición que presentó semanas atrás ciertas taras en el mantenimiento, lo que ocasionó el cierre temporal de las instalaciones hasta que se repasasen las grietas aparecidas en la misma. Y este descubrimiento acabó por desencadenar la causa que podría motivar ahora la rescisión de la concesión. Porque lo que comprobaron los técnicos de Urbanismo fue que la cubierta, con la que la piscina lleva funcionando desde hace unos siete años, carecía de los informes necesarios para su instalación.
Según Caneda, la solicitud la realizó hace algo más de una semana, estando a la espera de los resultados del informe. «Si es factible legalmente retirarle la concesión se le retirará por el incumplimiento; lo que no quiero es caer en el populismo y decir que se va a retirar sin que haya motivos legales para ello», afirmó, al tiempo que apostilló: «Si hay un incumplimiento no se puede perdonar; hay que arreglarlo con la legalidad por delante».
Frente al argumento ahora empleado por el edil de Deportes, no son pocos los concejales que en los últimos años han rechazado de plano la petición de los grupos de la oposición para que se anulase esta relación. Una muestra de ello es que lo que dijo a finales de 2009 el entonces concejal de Campanillas José Hazañas. Preguntado por el motivo de no haber rescatado la concesión, contestó: «Dejar sin esa instalación al barrio es una cosa extrema; mientras se rescata y se busca otro concesionario puede estar cerrada dos años».
De las anomalías en las que ha caído el concesionario quedó constancia el pasado miércoles en la Comisión de Movilidad y Ordenación del Territorio, donde el delegado responsable de Urbanismo, Diego Maldonado, confirmó que no se permitirá la repartura del equipamiento hasta que el promotor «legalice la existencia de una cubierta que no está legalizada totalmente». Según confirmó el Consistorio días atrás el permiso de apertura original de este equipamiento tiene fecha de 28 de junio de 2005, si bien el mismo había sido solicitado para una piscina descubierta. «La decisión es pedir que se legalice y esperar a que esté todo legalizado con los informes de quienes tienen que informar sobre la cubrición», dijo, aludiendo al Cuerpo de Bomberos y a la propia Gerencia de Urbanismo. «Se trata de que no haya una doble vara de medir», añadió Maldonado.
Del listado de obras ilegales formaban parte una edificación de 400 metros cuadrados destinado a restaurante y actividades complementarias y otras de 450 metros para gimnasio y parque infantil. A ello se añade la cubierta. Actuaciones que motivaron la apertura de un expediente sancionador al concesionario en 2004, que derivó en la imposición de una sanción de 250.000 euros, que tras impulsarse un procedimiento de legalización parcial de lo ejecutado al margen de la ley se rebajó a 60.000. En este avance, el empresario se vio obligado a demoler parte de lo construido. Sin embargo, este cúmulo de irregularidades no provocó el rescate de la concesión. Incluso, a pesar de que se tenía constancia del proceder del concesionaria, el Ayuntamiento le llegó a adjudicar otra piscina, la de Colmenarejo.
Para el portavoz de IU en la Casona del Parque, Eduardo Zorrilla, lo que ha faltado por parte del equipo de gobierno del PP «es voluntad política» para actuar en la línea de lo ahora apuntado por Caneda. «Lo que dice es novedoso», admitió Zorrilla, quien recordó que cada vez que la oposición ha pedido que se actúe se ha eludido la cuestión.
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