Teresa Pooras en una reciente visita a Santa Rosalía-Maqueda
El Consistorio le exigirá el pago de los trabajos de competencia autonómica, con un coste anual de unos 60.000 euros.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) da la razón al Ayuntamiento de Málaga y declara que corresponde al Gobierno andaluz la conservación y la adecuación de los arroyos del término municipal de la ciudad, «conforme a las competencias que legalmente tiene atribuidas». «Sin perjuicio de que el Ayuntamiento deba efectuar la recogida de los residuos sólido arrojados a los citados arroyos», se precisa en la sentencia del TSJA que estima el recurso del Ayuntamiento, en la que se condena en costas a la Junta.
Ante la «inactividad» de la Junta y «la ausencia de respuesta a los reiterados escritos municipales», el Ayuntamiento ha realizado en los últimos años trabajos urgentes de limpieza de vegetación de los arroyos de la capital con especial riesgo de obstrucción ante posibles lluvias intensas o peligro de incendios por acumulación de maleza vegetal, ha comentado la edil de Servicios Operativos, Teresa Porras.
Tras varios escritos municipales dirigidos a la Junta, que en diversas ocasiones ha reconocido que las labores de retirada de elementos naturales (desbroce, retirada de árboles, vegetación y material natural arrastrado por las corrientes) son competencia autonómica, según Porras, y los de residuos sólidos le competen a los municipios, el Ayuntamiento interpuso este recurso contencioso-administrativo en octubre de 2013.
En este recurso, ahora estimado en su integridad, el Consistorio hacía referencia a los requerimientos efectuados para que proceda a la limpieza de los arroyos conforme a las competencias que tiene atribuidas. «Esperamos que la Junta cumpla esta sentencia, ya que se ha dicho muy claro de quiénes son las competencias», ha manifestado Porras. Ante lo que el portavoz del PP en funciones ha recordado que, antes de la etapa de Javier Carnero al frente de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, había convenios de colaboración en virtud del cual ambas administraciones aportaban cantidades para la limpieza de arroyos. Sin embargo, «de forma unilateral se cambió ese modelo».
En consecuencia, el Ayuntamiento estudiará solicitar el reintegro del coste de los trabajos ejecutados durante los últimos años por el Ayuntamiento pese a ser competencia autonómica para prevenir inundaciones, que se estiman en unos 60.000 o 70.000 euros anuales, además de los correspondientes intereses.
Precisamente, Cortés ha incidido en que «esta sentencia, más allá de darnos la razón, tiene unas consecuencias económicas y espero que también políticas». «Si alguien de forma deliberada tomó decisiones sabiendo que son injustas y el TSJA tiene que intervenir y da la razón al Ayuntamiento, alguien debería decir «es culpa mía», ha dicho el concejal electo del PP. «Nuevos tiempos, nuevas formas de gobernar y, por tanto, asunción de responsabilidades», ha reclamado, preguntándose «qué va a hacer el PSOE con esta sentencia, meterla en el cajón o va a aplicar su documento de 20 puntos para la regeneración democrática».
Para Porras, si el problema es la falta de dinero, «tampoco el Ayuntamiento tenía, pero es algo suficientemente importante como para tener siempre una partida presupuestada». De hecho, Cortés ha tildado la actitud del Gobierno andaluz de «negligente». Las actuaciones llevadas a cabo por el Consistorio malagueño se han centrado en 38 arroyos de la Cuenca del Guadalhorce, en 24 del Guadalmedina y en 28 de la Este.
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