La Junta se afana en ocultar el desastre medioambiental de la barriada de Castañetas, contaminada por un gran vertido de gasoil desde hace seis meses

Campanillas

Imagen del oleoducto de Castañetas

Después de seis meses de limpieza la Compañía Logística de Hidrocarburos sigue trabajando en paliar los daños provocados por un robo en el canal de combustible.
“He sacado un cubo de mi pozo; he echado el liquido al suelo; le he prendido fuego y las llamas que salían eran de dos metros”, ilustra Francisco Calero, vecino de las Castañetas, barriada que desde hace seis meses ‘flota’ sobre un charco de combustible en su subsuelo, a escasos dos kilómetros del río Guadalhorce. Un vertido provocado por el robo a gran escala del combustible del oleoducto que atraviesa este terreno y surte al aeropuerto de Málaga. La Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) trabaja desde hace seis meses en la descontaminación y limpieza de este núcleo residencial.
Por su parte, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga guarda silencio sobre este desastre ecológico desde que tuvo conocimiento del mismo, en octubre de 2011.

A Francisco Calero, vecino de las Castañetas, unos ingleses le querían alquilar su finca el año pasado. El se negó, y los ingleses acabaron arrendando la finca de su vecino. Entre las dos parcelas, bajo el suelo y señalado por unos postes naranjas transcurre un oleoducto, que transporta combustible al aeropuerto internacional de Málaga. Los ingleses construyeron una caseta, tipo garaje, de la que entraba y salía una furgoneta, dentro de la cual habían habilitado grandes cubas de unos mil litros de capacidad. Debajo de la caseta con “métodos artesanales de fontanería”, según la descripción de la Guardia Civil, este grupo de delincuentes británicos había perforado el oleoducto para hacerse con el preciado combustible.
Fue la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) la que dio la voz de alarma al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y a la Consejería de Medio Ambiente el pasado octubre de 2011, al detectar una bajada de presión en sus controles. Pocos días después se realizaban las detenciones. Ya entonces, el SEPRONA alertaba de que con la rotura del oleoducto había quedado “afectada por el vertido una amplia zona rural, con las consiguientes repercusiones medioambientales y el elevado coste económico que supondrá su restauración”. Esta clase de delito, inédito en España pero relativamente común en otros países, lleva aparejadas grandes fugas incontroladas de sustancias contaminantes. Es más lo que se pierde que lo que se roba.
De hecho, en Málaga, todavía a día de hoy no se conoce con exactitud la magnitud del vertido que si no ha provocado una gran alarma social ha sido porque se ha producido bajo tierra y no es visible. Sin embargo, la ‘zona cero’ afectada es de un perímetro de al menos un kilómetro cuadrado, en el que se ha prohibido terminante cualquier uso de los pozos contaminados. Se trata además de una zona situada a escasos dos kilómetros del río Guadalhorce.
Sin embargo, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga (administración competente en la materia cuyo último responsable es Francisco Fernández España) no ha realizado ni una comparecencia pública o ha emitido un comunicado para informar de este caso. Ni siquiera para ‘quitarle hierro’. Es este un asunto que ha pasado desapercibido para la opinión pública.
Si que informa la compañía CLH. Sus servicios de prensa señalan que hasta el momento se han realizado 93 sondeos para medir los niveles de la contaminación. Unas catas que constatan un descenso de la presencia del combustible, pero no su desaparición completa. CLH y los vecinos con los que hemos contactado apuntan que camiones cisterna vienen succionando el carburante desde hace seis meses. Y todavía les queda tarea. “Lo que queremos dejar claro es que nosotros hemos sido los primeros perjudicados y que no nos iremos de allí hasta que no hayamos reparado y restaurado toda la zona hasta dejarla como estaba”, señala el departamento de comunicación de CLH, que sin embargo, no precisa la cuantía del vertido ni el coste económico que ha supuesto para la compañía las tareas de descontaminación.
En tanto, las docenas de familias de las Castañetas afectadas, viven desde el accidente con la estricta prohibición de utilizar sus pozos.

Vea el vídeo editado por Diario SUR

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